El Gobierno de Javier Milei se compromete con el FMI a una reforma previsional profunda que deberá estar diseñada para 2026

En el marco del nuevo acuerdo de facilidades extendidas alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno argentino liderado por Javier Milei se comprometió formalmente a llevar adelante una reforma integral del sistema previsional, con el año 2026 como fecha límite para su diseño. Así lo confirmó el propio organismo en el documento oficial publicado esta semana, donde detalla los compromisos estructurales del programa económico que se extenderá por cuatro años.
Reforma previsional: eje central del acuerdo con el FMI
El rediseño del sistema jubilatorio se presenta como uno de los criterios estructurales más relevantes del acuerdo con el FMI. De acuerdo con el informe, el objetivo principal será mejorar la equidad y asegurar la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Para ello, el Ejecutivo propone una reestructuración del actual esquema fragmentado, con la meta de alinear los aportes previsionales con los beneficios recibidos y, al mismo tiempo, fomentar la formalización del empleo.
Esta iniciativa forma parte de una estrategia fiscal más amplia, basada en el principio de déficit cero, una de las banderas de la gestión de Milei. Según cifras oficiales, el Gobierno logró registrar en los primeros meses de mandato el primer superávit fiscal primario en casi 20 años, lo que el propio Presidente definió como un “hito histórico” en la consolidación de la estabilidad macroeconómica.
Un plan integral: ajuste fiscal, reforma tributaria y nuevo esquema cambiario
Además de la transformación previsional, el plan económico acordado con el FMI contempla un conjunto de reformas profundas. Entre ellas, se destaca el rediseño del régimen cambiario, con una transición progresiva hacia un tipo de cambio más flexible, orientado a reconstruir reservas internacionales y mejorar la capacidad de absorción frente a shocks externos. Este proceso estará respaldado por un nuevo marco de metas monetarias, con límites estrictos sobre los activos domésticos netos del Banco Central, como medida para continuar reduciendo la inflación y sostener la demanda de dinero.
En el plano tributario, el Gobierno proyecta la reducción gradual de impuestos considerados distorsivos, como las retenciones a las exportaciones y los gravámenes sobre transacciones financieras. Estos serán reemplazados por tributos más simples, directos y eficientes, con foco en hogares y empresas. Entre las medidas más relevantes figuran la armonización del monotributo, la revisión del impuesto a las ganancias corporativas y la evaluación del gasto tributario, que hoy representa el 3,5% del PBI y beneficia a sectores específicos.
Reformas en las provincias y fortalecimiento institucional
El acuerdo también incluye una agenda de reformas en el ámbito provincial. Se prevé la eliminación gradual de impuestos como Ingresos Brutos, una mejora en la valuación de activos y tierras —con énfasis en el sector agropecuario— y la promoción de nuevos marcos de responsabilidad fiscal interjurisdiccional. A su vez, se avanzará en una revisión integral del régimen de coparticipación federal, buscando alinear incentivos entre Nación y provincias.
En paralelo, el Ejecutivo nacional se comprometió a profundizar reformas estructurales en distintos frentes: apertura comercial, flexibilización del mercado laboral, eficiencia del gasto público y previsibilidad regulatoria. También se actualizarán los marcos legales vinculados a la lucha contra la corrupción y el lavado de activos, en línea con los estándares internacionales.
Un horizonte reformista con mirada de largo plazo
Con este nuevo acuerdo con el FMI, el Gobierno de Milei busca trazar un rumbo claro hacia la estabilización macroeconómica y la modernización del Estado argentino. La reforma previsional se inscribe así en una hoja de ruta ambiciosa que apuesta por un cambio estructural del modelo económico argentino, con impacto directo en las jubilaciones, el sistema impositivo, el mercado cambiario y el vínculo fiscal entre Nación y provincias.
El desafío ahora será político: lograr los consensos necesarios para implementar una transformación que, por su profundidad y alcance, marcará el pulso económico y social de la Argentina hacia 2026.