Brügge impulsa una ley para frenar los mecanismos adictivos de las plataformas y proteger a niños y adolescentes
El diputado nacional Juan Fernando Brügge presentó un proyecto de ley para establecer un régimen integral de protección de niñas, niños y adolescentes frente a los riesgos derivados del uso de plataformas digitales, con el objetivo de limitar prácticas orientadas a captar atención de manera intensiva, reducir la exposición a mecanismos adictivos y reforzar el resguardo de los datos personales.
La iniciativa propone crear un marco normativo de alcance nacional y de orden público que alcance tanto a empresas radicadas en la Argentina como a proveedores internacionales cuyos servicios sean accesibles por menores dentro del territorio.
Entre los puntos centrales, el texto prohíbe el uso de sistemas de recomendación y contenidos diseñados para prolongar el tiempo de permanencia de menores en las plataformas mediante perfiles personalizados. También establece límites estrictos a la recopilación de información personal y restringe prácticas como la elaboración de perfiles conductuales, el empleo de patrones de diseño manipulativos, la geolocalización precisa y la obtención de datos biométricos.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es que obliga a que las aplicaciones y servicios digitales incorporen por defecto configuraciones reforzadas de protección infantil. Entre ellas se incluyen el bloqueo de notificaciones durante la madrugada, la desactivación de reproducciones automáticas y alertas periódicas sobre el tiempo de uso.
La propuesta también establece que las plataformas deberán detectar indicadores compatibles con conductas de uso compulsivo en usuarios menores de edad y aplicar medidas progresivas de intervención. Estas acciones podrán incluir advertencias, limitaciones temporales e incluso restricciones de acceso cuando existan situaciones consideradas de mayor riesgo, siempre bajo supervisión humana.
Además, el proyecto incorpora la obligación de realizar evaluaciones de impacto sobre protección de datos antes del lanzamiento o modificación de productos digitales dirigidos o accesibles a menores. En el caso de compañías extranjeras, deberán designar un representante legal en la Argentina para responder por el cumplimiento de la normativa.
En materia de control y fiscalización, la iniciativa asigna competencias a la Agencia de Acceso a la Información Pública, organismo que podrá realizar auditorías, aplicar sanciones económicas e incluso disponer suspensiones temporales de operaciones ante incumplimientos graves.
El texto también propone modificaciones al Código Penal para incorporar penas de prisión en casos vinculados con la elaboración o comercialización no autorizada de perfiles digitales de menores y fortalece la participación del Defensor de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en el monitoreo de la futura normativa.
En los fundamentos, Brügge advierte que el crecimiento acelerado de redes sociales, videojuegos y servicios de streaming modificó los hábitos de consumo digital de niños y adolescentes y abrió nuevas formas de exposición a herramientas diseñadas para sostener la atención y aumentar el tiempo de permanencia en línea.
Como respaldo, el legislador tomó como referencia antecedentes regulatorios internacionales como el Children’s Code del Reino Unido, el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y regulaciones impulsadas en distintos estados de Estados Unidos.
Según plantea el proyecto, el objetivo es cerrar un vacío legal en la Argentina y colocar el interés superior del niño en el centro del ecosistema digital frente al avance de tecnologías que evolucionan más rápido que los mecanismos actuales de protección.
La protección de la integridad sicofisica de los niños, niñas y adolescentes en su interrelaciones con el entorno digital debe ser una prioridad de todo Gobierno, pero además se debe profundizar la educación en la infancia para el acceso responsable a los entornos digitales, esa es una responsabilidad de toda la comunidad.
