Promulgación de la Ley de Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos
El presidente Javier Milei promulgó hoy la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos junto con un conjunto de medidas fiscales que declaran la emergencia pública en los ámbitos administrativo, económico, financiero y energético por el plazo de un año. A través de los Decretos 592 y 593, publicados en el Boletín Oficial, el Gobierno ha oficializado la ley aprobada por el Congreso, la cual delega facultades al Poder Ejecutivo para llevar a cabo una reforma profunda del Estado.
Reforma del Estado: Delegación de Facultades
La promulgación de esta ley permite al presidente Milei modificar, eliminar o reorganizar órganos de la administración central y descentralizada, con excepción de las universidades y ciertos organismos judiciales y legislativos. Este poder otorgado al Ejecutivo se enmarca en el contexto previo a la firma del Pacto de Mayo, un acuerdo histórico que tendrá lugar esta noche en la Casa Histórica de Tucumán.
La administración libertaria ha establecido que la reglamentación del apartado fiscal será prioritaria, destacando la restitución del Impuesto a las Ganancias y las facultades delegadas correspondientes. Según fuentes gubernamentales, estas disposiciones entrarán en vigor en un plazo de dos meses.
Privatización de Empresas Estatales
Uno de los puntos más relevantes de la ley es la privatización de importantes empresas estatales, entre las que se incluyen:
- Nucleoeléctrica Argentina S.A.
- Complejo Carbonífero, Ferroviario, Portuario y Energético de Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT)
Esta medida busca optimizar la eficiencia y productividad de estas empresas mediante la intervención del sector privado, alineándose con la filosofía libertaria del actual gobierno.
Regulación del Empleo Público
La normativa también introduce cambios significativos en el ámbito del empleo público. Se regula la situación de disponibilidad para el personal afectado por reestructuraciones, estableciendo un periodo máximo de 12 meses durante el cual los empleados deberán recibir capacitación o desarrollar tareas en servicios tercerizados del Estado. Si al finalizar este periodo no se ha formalizado una nueva relación laboral, el trabajador será desvinculado automáticamente.
Capacitación y Reubicación
Durante el periodo de disponibilidad, los empleados públicos afectados serán sujetos a programas de capacitación diseñados para facilitar su reinserción en el mercado laboral. Esta estrategia tiene como objetivo minimizar el impacto social de las reestructuraciones y promover una transición eficiente hacia nuevas oportunidades laborales.
Renegociación y Rescisión de Contratos Públicos
La ley también autoriza la renegociación o rescisión de contratos de obra pública, concesión, construcción o provisión de bienes y servicios. Esta medida se aplicará cuando la suspensión o rescisión de dichos contratos resulte más conveniente para el interés público. Esta cláusula busca proteger los recursos del Estado y asegurar que las inversiones públicas se realicen de manera efectiva y rentable.
