Ley de salud mental, una deuda pendiente

Ley de salud mental, una deuda pendiente

Por  Roxana Belda

El caso de “Chano” Charpentierde hace unos meses, reavivó el debate por la polémica que se genera alrededor de La ley de Salud Mental. No es el único caso, pero como suele suceder, cuando le pasa a una figura conocida, el tema cobra notoriedad pública y comienza a ser parte de la agenda política de las cuestiones a resolver.

Siempre ha sido muy compleja de implementar en nuestro país de forma exitosa para el paciente, y familiar a cargo, ya que se ignoran los conceptos básicos de la enfermedad. Es verdad que a este problema se le suma, el mandato erróneo o mito de que internarlos es abandonarlos. Siempre estuvo flotando el posible prejuicio de que este como “mal visto”.

En cuanto a las respuestas que el familiar puede encontrar en el estado, frente a esta problemática, son insuficientes. Los distintos gobiernos aún no han dado respuestas eficientes a un problema que se arrastra hace décadas, sin que ofrezca soluciones que contemplen la integridad, atención, y derecho a la salud del paciente.  La última reforma, fue votada en 2010, a libro cerrado en diputados, casi sin debate en senadores, y sin participación de ningún integrante de la Facultad de Medicina ni de las sociedades psiquiátricas de Argentina, algo impensado tratándose de una ley relativa a la salud.

Hoy, diez años después de aquella reforma, los problemas siguen sin solución, lo único que han hecho es generar más obstáculos a la hora de definir la internación y el tratamiento. Gran parte de la falencia de esta ley es que el médico psiquiatra se encuentra con un sinfín de trabas burocráticas, a la hora de firmar una internación.

En algunos casos hay tiempo de evaluar la mejor decisión pertinente. Pero ¿qué pasa en los casos donde hay un paciente en pleno brote psicótico, incapaz de razonar sobre sus actos, y a riesgo de matar al familiar, o a si mismo? ¿qué respuesta hay en estos casos?, ¿qué ofrece el estado? ¿qué puede hacer un ciudadano?,  ¿llamar a la policía?, ¿llamar a la ambulancia?.

El protocolo dice que se debe llamar a la ambulancia, y un equipo de médicos especializados tratará de convencer al paciente que es por su bien internarse. El tema es que, según la ley, no se puede forzar a nadie a ser internado en contra de su voluntad. ¿Pero no estamos hablando de alguien que no puede razonar? ¿Cómo dicha persona puede decidir si internarse o no? ¿Cómo no hay un marco legal para salvaguardar su integridad y la de su familiar?

Cuando hay daño físico ¿quién se hace cargo? Peor aún, cuando la policía interviene ¿cómo debe actuar?, ¿está preparado un agente de las fuerzas de seguridad para actuar en estos casos?. Para que el policía actúe, y pueda realizar una internación involuntaria se necesita una orden judicial. Y a veces no hay tiempo para esto, entonces terminan “recibiendo balas en vez de tratamiento”.

La la ley debería amparar al paciente teniendo en cuenta su derecho a ser tratado, y la falta de apoyo que se le da al familiar, con herramientas legales para que pueda accionar con rapidez. Roza el ridículo, cuando los políticos ponen su ideología por encima de las personas, alegando que no hay que estigmatizarlos ni discriminarlos, como si los derechos humanos tuvieran algo que ver, cuando en realidad es desconocer la ciencia y la medicina.

Se niega la peligrosidad que representa un paciente descompensado, y la vulnerabilidad a la que queda expuesto el familiar sin nada que pueda hacer. Se relaciona a la psiquiatría con la tortura, y la internación es vista como un encierro injusto en el que el ciudadano pierde sus derechos. Se han tomado medidas para cerrar neuropsiquiátricos, y pasar a internarlos en hospitales generales. Un desquicio. La ideología también mata, porque lleva a tomar decisiones desde un lugar de fanatismo por sobre la racionalidad, y esto le quita objetividad.

¿Como puede decidir un político cuestiones de salud? Priorizan el derecho a la libertad por sobre el derecho a la salud mental y a la vida, y esto genera enfermos psiquiátricos en la calle en situación de abandono pudiendo poner en riesgo a la sociedad.

Una internación sin consentimiento sigue siendo, en estos tiempos, muy difícil de ejecutar . Tanto para el profesional, como para el familiar a cargo desbordado por la situación. Un tema que aún persiste sin soluciones eficientes.

* periodista y conductora del programa Estudio Abierto en Radio Rivadavia

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