Brügge advierte por la creciente desconfianza en los datos de inflación y propone control parlamentario del INDEC
En medio de un clima de creciente incertidumbre económica, el diputado nacional Juan Fernando Brügge encendió una señal de alerta sobre el impacto que generan en la sociedad las dudas en torno a los índices oficiales de inflación. Lo hizo al presentar un ambicioso proyecto de ley que propone reformar integralmente el funcionamiento del sistema estadístico argentino y dotarlo de mayor independencia y transparencia
La iniciativa, que ya ingresó al Congreso, apunta a establecer un nuevo marco legal y técnico para el Sistema Estadístico Nacional, con eje en la autonomía del INDEC y en la necesidad de garantizar la credibilidad de los datos oficiales.
Desde su banca, Brügge fue contundente: “Cuando los números pierden credibilidad, no solo se resiente la confianza pública, sino que se debilita la calidad del debate democrático y la toma de decisiones económicas”. La advertencia no es menor. En distintos sectores de la población y del arco político comienzan a multiplicarse los cuestionamientos sobre si los indicadores reflejan con precisión la realidad cotidiana.
El proyecto pone el foco en un aspecto clave: la percepción social. Según se desprende de los fundamentos, la desconfianza en las estadísticas oficiales —especialmente en materia inflacionaria— no solo afecta a los consumidores, sino también a trabajadores, empresas e inversores, que dependen de esos datos para planificar sus decisiones.
En ese sentido, el legislador remarca que “los argentinos necesitan números claros para poder organizar su vida”, una definición que sintetiza el espíritu de la iniciativa: recuperar la confianza perdida.
REFORMA ESTRUCTURAL Y CONTROL PARLAMENTARIO
El proyecto propone transformar al INDEC en un organismo descentralizado con autonomía funcional y autarquía económica, alejándolo de la órbita directa del Poder Ejecutivo. Además, establece la creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento y Control en el Congreso, con facultades para supervisar la calidad, transparencia e independencia del sistema estadístico.
Entre los puntos centrales, se destacan principios como la independencia técnica, la transparencia metodológica, la publicación clara de datos y la actualización periódica de los parámetros utilizados para medir variables sensibles como la inflación.
También se incorporan sanciones penales específicas para quienes manipulen o difundan datos estadísticos adulterados, en un intento por blindar la integridad de la información pública.
La iniciativa no surge en el vacío. En los fundamentos, Brügge menciona episodios recientes que pusieron en tensión la credibilidad del sistema, incluyendo controversias metodológicas y cambios en la conducción del organismo estadístico.
Ese contexto, advierte, expone una debilidad estructural: la falta de garantías institucionales que aseguren que los datos se elaboren sin interferencias políticas o presiones coyunturales.
En el Congreso, el tema ya empieza a generar ruido. Legisladores de distintos bloques reconocen en privado que la discusión sobre la calidad de los datos oficiales volvió a instalarse con fuerza, en paralelo a una economía donde la inflación sigue siendo una de las principales preocupaciones.
Más allá de lo metodológico, la propuesta abre un debate de fondo: el valor de la información pública como pilar del sistema democrático. Para Brügge, las estadísticas no son un dato técnico más, sino “un bien público esencial” que condiciona políticas, salarios, inversiones y expectativas.
