El Gobierno elimina 43 normas para reducir la intervención estatal y simplificar trámites
El Gobierno nacional derogó un total de 43 normas que permitían la intervención estatal en mercados y sectores productivos, fijación de precios y requerimientos de información. Estas medidas buscan reducir la burocracia y facilitar la actividad económica, en línea con las políticas de simplificación impulsadas desde el Ministerio de Economía.
Entre las regulaciones eliminadas se encontraban disposiciones que afectaban sectores clave como la carne vacuna, los alimentos lácteos, los comercios y grandes cadenas de supermercados. También se dejaron sin efecto normativas aplicadas a servicios de comunicación, farmacias y empresas del ámbito educativo.
Una de las resoluciones derogadas destacadas fue la que imponía trámites adicionales y costosos para el proceso de homologación de neumáticos, lo que impactaba directamente en el precio final de estos productos.
Resoluciones clave
La medida fue implementada a través de la resolución 1212/2024 del Ministerio de Economía y las resoluciones 433/2024 y 434/2024 de la Secretaría de Industria y Comercio. Según fuentes oficiales, estas normativas tenían un impacto negativo en la libre competencia y representaban trabas innecesarias para ciudadanos y empresas.
Hacia un mercado más ágil
Este cambio se suma a otras 107 normas derogadas anteriormente, las cuales también buscaban disminuir barreras en el comercio exterior y optimizar procesos internos. Por ejemplo, se dieron de baja licencias automáticas y no automáticas, el sistema de información SIRA y el DJCP, lo que eliminó costos estimados en 5 millones de dólares anuales y redujo significativamente el número de declaraciones juradas requeridas.
En el ámbito del comercio interior, se discontinuaron programas como Precios Cuidados y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, por considerarse obsoletos en el actual contexto económico.
Objetivo: simplificación y competitividad
Con estas derogaciones, el Gobierno busca impulsar un esquema más transparente y menos burocrático para promover la inversión, la competitividad y la libertad de mercado. La estrategia apunta a crear un entorno económico más dinámico, que facilite tanto a las empresas como a los consumidores operar en condiciones óptimas.
