El Gobierno busca captar dólares del blanqueo para el sector inmobiliario
El Gobierno argentino está apostando a que una parte significativa de los dólares que ingresen al país a través del nuevo régimen de blanqueo de capitales se destinen a la compra de inmuebles y proyectos de construcción. Este sector se presenta como una oportunidad clave para canalizar esos fondos no declarados.
En un esfuerzo por fomentar esta iniciativa, la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos (CEDU) ha creado un sitio web específico que detalla las construcciones elegibles para la regularización de activos. Esta plataforma ofrece información sobre proyectos aprobados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), junto con guías, preguntas frecuentes y documentos legales pertinentes.
Actualmente, 16 proyectos ya cuentan con la aprobación de la AFIP, y se espera que este número aumente en los próximos días a medida que más desarrollos se adhieran a la normativa.
Beneficios fiscales y condiciones del blanqueo
El blanqueo de capitales está dirigido a quienes tengan residencia fiscal en Argentina al 31 de diciembre de 2023 y permite declarar bienes no registrados con ventajas fiscales. En el caso de obras con un avance de hasta el 50%, la alícuota será del 0% si se deposita el capital antes del 30 de septiembre. Los inversionistas tendrán tiempo hasta el 30 de diciembre de 2025 para decidir en qué desarrollo registrado en la AFIP desean invertir.
Las opciones para realizar las inversiones incluyen la compra mediante boletos de compraventa, fideicomisos, cuotapartes de fondos comunes de inversión (FCI) y certificados de participación o títulos de deuda de fideicomisos financieros.
Inversiones mayores y menores a US$ 100.000
Si la inversión supera los US$ 100.000 y se destina a una obra nueva, no se aplicarán multas, siempre que el depósito se realice correctamente y se mantenga la inversión hasta el 31 de diciembre de 2025. Los inversores pueden optar por realizar la compra de manera directa (a través de un boleto de compraventa) o indirecta (mediante un fideicomiso).
En el caso de inversiones menores a US$ 100.000, la diferencia clave es que no se exigirá mantener la inversión hasta el 31 de diciembre de 2025, lo que ofrece mayor flexibilidad a los pequeños inversores.
Con este plan, el Gobierno busca dinamizar el sector de la construcción, al mismo tiempo que impulsa la regularización de activos no declarados.
