El Gobierno habilitó el traspaso de la Justicia laboral a la Ciudad y reactiva un proceso pendiente desde 1994
El Gobierno nacional dio un paso institucional clave para avanzar en la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al delegar en el Jefe de Gabinete la firma del acuerdo con la administración porteña, un proceso que impacta directamente en el sistema judicial laboral y que está pendiente desde la reforma constitucional de 1994.
Un decreto que destraba una discusión histórica
El Poder Ejecutivo Nacional oficializó este lunes el Decreto 2125/2026, publicado en el Boletín Oficial, mediante el cual delega en el Jefe de Gabinete de Ministros la facultad de firmar un acuerdo con el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para avanzar en la transferencia de competencias judiciales en materia laboral.
La medida se apoya en el artículo 129 de la Constitución Nacional, que reconoce a la Ciudad un régimen de gobierno autónomo y la habilita a organizar sus propias instituciones, entre ellas el Poder Judicial.
Aunque el traspaso de la Justicia laboral es un debate de larga data, hasta ahora no se había producido un avance formal de esta magnitud en el plano institucional.
Qué habilita concretamente el Decreto 2125/2026
El decreto faculta al Jefe de Gabinete no solo a suscribir el convenio de transferencia con la Ciudad, sino también a firmar adendas, modificaciones o acuerdos complementarios que resulten necesarios para su implementación.
Una vez firmado, el acuerdo deberá ser remitido al Congreso de la Nación para su análisis y eventual ratificación, tal como exige la normativa vigente. Es decir, el decreto no completa el proceso, pero habilita el primer paso indispensable para que el traspaso pueda concretarse.
Este esquema busca garantizar una transición ordenada y con respaldo institucional entre ambas jurisdicciones.
Un traspaso pendiente desde la reforma constitucional
La transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito porteño es una asignatura pendiente desde la reforma constitucional de 1994, cuando se consolidó la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.
Un año después, la Ley 24.588, conocida como Ley Cafiero, habilitó expresamente la celebración de convenios entre el Estado nacional y la CABA para la transferencia de funciones, organismos y bienes. Desde entonces, se avanzó en áreas como seguridad y transporte, pero las competencias judiciales laborales continuaron bajo órbita nacional.
Este decreto busca cerrar esa brecha institucional que se mantiene desde hace más de tres décadas.
Las leyes porteñas y el freno judicial
El proceso tomó nuevo impulso en diciembre de 2024, cuando la Legislatura porteña sancionó las leyes 6789 y 6790. Estas normas modificaron la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad y aprobaron un nuevo Código Procesal para la Justicia del Trabajo.
En ese marco, se creó una Cámara de Apelaciones del Trabajo con seis jueces distribuidos en dos salas, además de diez juzgados de primera instancia con competencia en conflictos laborales individuales y recursos vinculados a comisiones médicas.
Sin embargo, la entrada en vigencia de estas leyes fue suspendida de manera preventiva por la Sala III de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, a partir de una medida cautelar impulsada por la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional.
El rol de la Corte Suprema en el debate
La Cámara sostuvo que la Ciudad debía alcanzar previamente acuerdos institucionales con la Nación para asegurar una transferencia “ordenada y racional” de competencias, conforme a la Ley 24.588 y la cláusula transitoria decimotercera de la Constitución porteña.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ya se había pronunciado sobre este punto en los fallos “Corrales” y “Bazán”. En esas sentencias, el máximo tribunal remarcó el carácter transitorio de los tribunales nacionales con asiento en la Ciudad y cuestionó la prolongación del esquema actual por considerarlo incompatible con el principio de autonomía constitucional.
Qué cambia a partir de ahora
Con la publicación del decreto, el Gobierno nacional busca avanzar formalmente hacia la consolidación de un sistema de justicia laboral propio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El próximo paso será la firma del acuerdo interjurisdiccional y su posterior tratamiento en el Congreso, una instancia clave que definirá los tiempos y condiciones concretas del traspaso.
