El FMI advirtió sobre el riesgo de los litigios internacionales y reclamó una pronta resolución al Gobierno argentino
El organismo reconoció las gestiones en curso con los acreedores, pero alertó que los juicios abiertos representan amenazas legales para el mediano plazo.
Argentina enfrenta un complejo panorama judicial en tribunales internacionales, con demandas que podrían implicar un costo de hasta US$30.000 millones. La más significativa es la condena por la expropiación de YPF, con un fallo adverso de US$16.100 millones, a la que se suman otras causas pendientes que preocupan al Fondo Monetario Internacional (FMI).
En su reciente informe tras la revisión del acuerdo firmado en abril, el staff técnico del FMI hizo referencia a estas deudas contingentes. Aunque reconoció que el Gobierno argentino está negociando de buena fe, advirtió que los procesos judiciales abiertos representan “riesgos moderados en el mediano plazo” y solicitó avanzar con urgencia en su resolución: “Se deben resolver los litigios pendientes”, señalaron desde el organismo.
Uno de los juicios más avanzados es el del Cupón PBI, relacionado con la manipulación de las estadísticas de crecimiento durante el kirchnerismo. La Corte Suprema de Londres ya dictó sentencia firme contra el país por 1300 millones de euros. “Se deben continuar los esfuerzos de buena fe para asegurar un acuerdo rápido sobre las condiciones de reembolso de la sentencia de Londres”, agregó el FMI.
Además del caso YPF, que aún se encuentra en etapa de apelación, el Fondo destacó que la Argentina enfrenta litigios en Nueva York por los perjuicios sufridos por accionistas tras la nacionalización de la petrolera en 2012. El monto en disputa, aunque objetado por el país, fue estimado en US$16.000 millones.
Tres causas clave que el FMI monitorea
El informe identificó tres procesos judiciales que requieren atención inmediata por parte del Gobierno argentino:
- Cupón PBI (Londres): con una sentencia firme por €1300 millones, el Ejecutivo busca acordar un plan de pagos con los acreedores.
- Holdouts de la deuda 2001: aquellos bonistas que no ingresaron a los canjes de 2005, 2010 y 2016 representan un pasivo potencial de US$2400 millones. El Gobierno mantiene el seguimiento de la situación.
- Mobil Exploration (CIADI): la petrolera estadounidense reclama US$196 millones por las pérdidas sufridas a raíz de la pesificación de sus contratos en el sector gasífero durante la crisis del 2001.
A pesar de este panorama, el personal técnico del FMI sostuvo que los recursos que se destinarán al país cuentan con las salvaguardias necesarias y que los compromisos asumidos en materia de reformas no se ven, por el momento, afectados por estas disputas legales.
